Datos de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, citados en medios locales, indican que la deuda hasta abril se aproximaba a los 200 millones de dólares.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) afirmó que prioriza los pagos a las dializadoras, en 2024 pagó 113 millones de dólares y este año ha pagado 65,5 millones, aunque el cronograma “depende de los recursos económicos presentes y futuros”.
Mientras, el portal Primicias señaló que el Ministerio de Salud Pública en las últimas semanas pagó mediante bonos de deuda y los centros de salud los revendieron para conseguir liquidez.
La problemática no es nueva y en abril pasado Gabriela Álvaro, vocera de los enfermos, anunció que presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte para que el Gobierno garantice el tratamiento de quienes padecen de insuficiencia renal.
En entrevista con la emisora local Radio Pichincha, la portavoz explicó que para quien depende de diálisis los insumos por día tienen un costo de entre 50 y 70 dólares y muchos no cuentan con recursos para pagarlos.
Por esa razón, Álvaro instó al Gobierno a respetar el derecho a la vida y reestablecer los servicios a los pacientes con insuficiencia renal.
“El año pasado cerraron dos clínicas en Guayaquil y muchos pacientes fallecieron porque no accedieron a sus terapias a tiempo”, mencionó.
Anteriormente, pacientes y personal de salud han protestado en esta nación sudamericana por los atrasos en los pagos del Estado a instituciones con las cuales existen convenios para tratar a aquellos enfermos sin acceso a servicios privados.
En Ecuador desde 2008 la insuficiencia renal fue declarada como una enfermedad catastrófica, y desde entonces la diálisis está cubierta por el Estado, que por no contar con la capacidad para atender a todos derivó los tratamientos a centros privados.
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