Cada año hubo en promedio 442 y cada mes 37, precisó el análisis realizado por el especialista de la entidad Francisco Quezada, quien añadió que la mayor cantidad se dio en 2021, 2022 y 2023, con el 64 por ciento del total.
Esos tres años coinciden con el período preelectoral y los comicios que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo, así como el intento de la Fiscalía por desacreditar los resultados de las votaciones pasadas, acotó.
Titulado “El derecho a manifestar sin bloquear: Un análisis de los últimos diez años”, detalló además que los departamentos con mayor cifras de estos hechos son Suchitepéquez, San Marcos, la capital, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Retalhuleu.
Aparte, el 27 por ciento de los realizados en 2023 fueron en octubre, agosto archivó 12 y septiembre el 14 por ciento, subrayó la entidad, de acuerdo con un reporte del diario local Publinews.
El autor diferenció entre la manifestación, derecho que está en la Constitución, y el bloqueo “una herramienta usada para alterar la paz pública, al retener violentamente a una población ajena a su reivindicación, para usarlos de instrumento de chantaje para obtener prebendas de la autoridad”.
Las estadísticas reflejan que durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) se produjeron tres mil 38, lo cual representó el 68,71 por ciento del total contabilizado, describió, por su parte, el periódico Prensa Libre.
En la administración de Jimmy Morales (2016-2020) se contabilizaron 854 bloqueos, el equivalente al 19,32 por ciento, remarcó el medio.
Quezada expuso que las autoridades deben hacer un balance y una proporcionalidad en cómo se puede hacer valer el derecho de manifestación y reunión sin mermar totalmente el derecho a la libre locomoción.
Puede concluirse que la celebración de reuniones y protestas públicas pueden producir prolongados colapsos de carreteras, lo cual debe prohibirse, advirtió el CIEN.
El director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, Héctor Fajardo, estimó que cada año pierden entre 300 y 400 dólares por unidad, debido al retraso en los cierres viales.
Durante los bloqueos de marzo pasado organizaciones empresariales informaron de pérdidas de hasta 156 millones de dólares y que el impacto para la economía chapina se calculó en función del producto interno bruto.
ro/znc
