La decisión, que se produce mientras continúa la batalla legal sobre la eliminación de estas protecciones, concede una solicitud de ayuda de emergencia del Departamento de Justicia en respuesta a una orden de un tribunal federal de distrito que detuvo antes la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Noem revocó masivamente en marzo el llamado parole humanitario, conocido también como CHNV por las letras iniciales de los países que incluye y que fue utilizado en la era de Joe Biden (2021-2025) para facilitar la entrada legal y ordenada a Estados Unidos.
El programa, que protegió temporalmente a aproximadamente 532 mil personas del riesgo de deportación, recibió la estocada de la corte de mayoría conservadora, aunque dos juezas liberales, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, discreparon.
La administración Trump ha recurrido constantemente a la Corte Suprema para hacerse de apoyo de emergencia mientras lucha contra más de 200 demandas que se centran en muchas políticas cuestionadas en la agenda del segundo mandato del republicano.
Desde 1952, la ley federal de inmigración permitió al poder ejecutivo otorgar libertad condicional a extranjeros por razones humanitarias y el DHS creó procesos de parole para para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a finales de 2022 y principios de 2023 con el propósito de abordar los crecientes arribos de migrantes a la frontera sur.
Pero cuando Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero una de sus órdenes ejecutivas fue la cancelación de todos los programas de permiso de viaje, incluyendo el CHNV, como parte de sus esfuerzos para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, lo que constituyó un tema central de su campaña electoral en 2024.
En cumplimiento de esa orden, Noem anunció en marzo que el DHS terminaba con el programa CHNV, y que cualquier permiso vigente entonces expiraría el 24 de abril.
Antes de la decisión de este viernes, la Corte Suprema despejó el camino para que el Gobierno revoque, por ahora, el estatus de protección de unos 350 mil venezolanos.
Notan reportes de prensa que, aunque el veredicto de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores, la orden sí permitirá al Gobierno federal acelerar las deportaciones de quienes se beneficiaban hasta este momento del parole.
El pronunciamiento del máximo tribunal de justicia de la nación llegan en un contexto en el que la administración estadounidense redobla sus esfuerzos para cumplir la agenda de deportaciones masivas de Trump. Según los planes, pretenden triplicar el número de arrestos diarios por inmigración.
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