En conferencia de prensa, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, indicó que el propósito es evitar un daño ambiental y también para darle mantenimientos a los equipos presentes en la filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
“El único propósito es proteger a las comunidades y preservar al país”, destacó el funcionario.
Además explicó que el plan ha sido actualizado con temas ambientales y legales; y que en el proceso participarán además funcionarios de 10 instituciones, entre ellas la cartera de Ambiente. De acuerdo con Moltó, el plan será ejecutado por la empresa Cobre Panamá y también estará a cargo de su financiamiento.
En cuanto al concentrado de cobre que se encuentra en el área de la mina, indicó que tiene una capa que minimiza el daño ambiental para la zona.
También el Ministerio de Ambiente fiscalizará la forma de extraer ese material almacenado de forma segura, para posteriormente exportarlo, agregó.
Moltó precisó que los expertos en la materia le han explicado que la extracción del material almacenado tardará entre tres y seis meses.
En marzo pasado, un anuncio hecho por First Quantum de suspensión de arbitrajes internacionales y el adelanto del Ejecutivo de reabrir la mina encendieron las alarmas de una nueva convulsión social.
Tras intensas protestas que paralizaron al país en noviembre de 2023, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y Minera Panamá, y se ordenó el cierre de las operaciones de la compañía.
Sin embargo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su habitual conferencia de prensa semanal, confirmó entonces que autorizó la venta de 120 mil toneladas de concentrado de cobre almacenado en ese enclave y la puesta en marcha de una termoeléctrica con carbón mineral importado desde Medellín, Colombia, y que permitirá generar 300 megawatts.
Integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida y gremios de ambientalistas, así como políticos como el exdiputado Juan Diego Vázquez, líder de la coalición independiente Vamos, fueron los primeros en rechazar la decisión del mandatario que viola el Estado de Derecho y es vista como un acto de desacato a la Constitución y a la ley, según señalaron.
mem/ga