Condenan a 321 años de cárcel a funcionarios ticos narcotraficantes

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San José, 2 jun (Prensa Latina) Una decena de costarricenses miembros de una banda de narcotraficantes integrada por policías y otros agentes de cuerpos del orden fueron sentenciados hoy a 321 años de cárcel, informó el periódico CRHoy.com.

El grupo criminal, que agrupaba también a agentes de tránsito y funcionarios de homicidios, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, portación ilegal de armas y asociación ilícita, sumó como acusados penalmente a un enfermero de la Caja Costarricense de Seguro Social y a otro miembro del Ministerio de Seguridad Pública.

Los sancionados -precisa CRHoy.com- recibieron como pena adicional a la de prisión una inhabilitación de cargos públicos por un plazo de 12 años.

La célula criminal del capo conocido como “Diablo” operaba en la Zona Norte y estaba conformada por al menos 16 miembros, que fueron detenidos en diciembre de 2023 y utilizaban al menos dos centros turísticos para almacenar drogas y esconderse.

Según la fuente, los hechos ocurrieron entre el 1 de junio de 2018 y el 12 de octubre de 2022 cuando los sospechosos se asociaron para conformar una banda delictiva, que se encargaba de la venta, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de diversos estupefacientes.

El “catálogo” del grupo criminal comprendía cocaína, marihuana y la droga conocida como MDMA, éxtasis o XTC, aunque los crímenes incluyeron, además, el homicidio de un hombre de apellido Vallejos, ocurrido el 17 de mayo en Santa Gertrudis de Grecia, Alajuela, detalla el periódico costarricense.

Otros presuntos delitos de la banda narcotraficante fueron posesión y comercialización de armas y peculado de uso, ya que, al parecer, oficiales de Tránsito de la localidad de La Fortuna, provincia de Guanacaste, hicieron uso indebido de equipos oficiales para apoyar al grupo narco.

De acuerdo con la Fiscalía, otros cuatro oficiales de Tránsito y seis personas más vinculadas a la banda afrontan juicio.

El creciente aumento del narcotráfico y sus secuelas en el país es hace tiempo objeto de críticas de legisladores, líderes comunitarios, sindicales y de entes reguladores como la Contraloría General de la República, la Defensoría de la Población, así como por representantes de Organizaciones No Gubernamentales y de organismos internacionales.

jha/apb

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