En conferencia de prensa, el funcionario, que encabezó una comisión de alto nivel que viajó a la occidental provincia de Bocas del Toro para atender el paro de más de un mes, presentó un vídeo y acusó al miembro de la organización de los obreros de la industria de la construcción Diógenes Espinoza, que advertía al Ejecutivo que si no derogaba la norma en 24 horas se tomarían las instituciones públicas.

A preguntas de los comunicadores sobre que medidas se adoptarían en este caso y sobre el cierre de avenidas, Orillac indicó que corresponderá al Ministerio Público cumplir con sus obligaciones ,pero aseveró que las declaraciones de Espinosa representanta una seria amenaza a la seguridad del Estado y que ese no es el camino ni el mecanismo adecuado para resolver diferencias.

También cuestionó que líderes de colectivos como Francisco Smith, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se opusiesen a recibir más información sobre la normativa y esclarecer dudas sobre la voluntad gubernamental de hacer modificaciones para reactivar la economía y recuperar empleos.

Por su parte, la titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, lamentó la ‘intransigencia’ del sector bananero, señalando que esta ha provocado el cierre de la empresa Chiquita Panamá, la cual continúa con despidos hasta completar el desmantelamiento total de su plantilla.

Muñoz calificó esta situación como “un golpe muy duro para la economía de la región”.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para demandar se derogue la nueva norma sobre las pensiones, con el respaldo de constructores, campesinos, indígenas, universitarios y mujeres, cuyos dirigentes han sido apresados tras procesos judiciales amañados, según denuncias.

Para los colectivos, esta última conferencia de prensa podría ser antesala de una mayor represión policial, entre otras medidas para reabrir las vías en Bocas del Toro.

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