El comunicado repudió la acción en contra del embajador designado de Colombia ante la Santa Sede y exministro de Defensa Iván Velásquez, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por considerar que carece de sustento jurídico y que constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia.

Aseguró que la medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales.

La Cancillería también refirió que la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, “condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, según remarcó la nota.

“El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”, apuntó.

El Ministerio añadió que, ante la situación, se activaron los canales diplomáticos pertinentes para manifestar formalmente el rechazo ante las autoridades guatemaltecas.

“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, concluyó el pronunciamiento.

Más temprano, la Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala informó sobre una orden de captura contra Iván Velásquez, quien fungió como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (Cicig), por un asunto relacionado con Odebrecht.

La entidad del país centroamericano señaló a Velásquez por supuestamente permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, presumiblemente anómalos, con dos directivos brasileños de la mentada constructora.

En un vídeo divulgado en la red social X, el jefe de esa entidad del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, también incluyó a Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, y quien hiciera en el pasado parte de la misma comisión.

A la abogada se le imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión por el caso que involucra al mismo conglomerado.

Velásquez expresó su rechazo a la medida en su cuenta de la red social X.

“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca (María Consuelo Porras) y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, escribió.

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