Según un informe desde Ginebra, Suiza, del secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, se trata de un triunfo del movimiento obrero de la nación istmeña con el respaldo de sus pares a nivel mundial.

Andrade precisó que, entre otras acciones, la OIT presentará una carta ante la embajada de Panamá en Ginebra en rechazo a los atropellos.

En mayo pasado, ese organismo integrado por 187 naciones, entre ellas Panamá, solicitó al Gobierno respuestas sobre la represión desatada contra las protestas pacíficas en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

En una carta suscrita por Karen Curtis, jefa de Servicio de Libertad Sindical de la OIT, se señala que exigieron detalles de la criminalización de los manifestantes, procesos legales amañados, abuso policial contra trabajadores , cierre de cuentas bancarias y la retención ilegal de fondos sindicales.

El pasado 26 de mayo también la Federación de Comisiones Obreras del Habitat (España) denunció que las autoridades panameñas continúan llevando a cabo detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, una clara violación de los derechos laborales fundamentales y un intento flagrante de aplastar las protestas legítimas.

La represión contra nuestros compañeros del Suntracs, y otros sindicatos se está intensificando por liderar valientemente una huelga general para protestar contra una controvertida ley del país que socava el sistema de seguridad social, y permite la congelación de sus cuentas bancarias por motivos políticos, subraya el mensaje.

Además apunta que desde CCOO del Hábitat enviaron una carta a la embajada de Panamá en Madrid, exigiendo la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales detenidos, el fin de las detenciones arbitrarias y el acoso a los y las sindicalistas, el desbloqueo de las cuentas bancarias.

Por su parte, en Panamá, el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) emitió un comunicado en el que rechaza situaciones graves de violaciones a los derechos ciudadanos que ni en la dictadura militar se observaron, de acuerdo con el texto.

Frenadeso repudió que el Ejecutivo de José Raúl Mulino se niega a oír el clamor de un pueblo que exige la derogación de la Ley 462 y se cierra al diálogo y a una salida política como demandan amplios sectores de la sociedad, entre ellos, el Comité Ecuménico de Panamá.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para exigir se derogue la nueva norma sobre las pensiones, con el respaldo de constructores, campesinos, indígenas, universitarios y mujeres, cuyos dirigentes han sido apresados tras procesos judiciales amañados, según señalan los colectivos.

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