El Gobierno del conservador Friedrich Merz, conformado además por los socialdemócratas, introdujo a principios de mayo una modificación en los protocolos de vigilancia para intensificar los controles migratorios y autorizar la expulsión generalizada de solicitantes de asilo, con excepción de mujeres embarazadas, niños y miembros de grupos vulnerables.

En este sentido, el tribunal examinó un recurso de urgencia presentado por tres personas de origen somalí, interceptadas por la Policía a su llegada a la estación de Frankfurt el 9 de mayo.

Si bien solicitaron asilo, fueron devueltos el mismo día a Polonia, pues las autoridades consideraron que procedían de un país seguro.

La Justicia concluyó, en una decisión inapelable, que se incurrió en una ilegalidad al no tener en cuenta el denominado procedimiento de Dublín, mediante el cual se determinan las obligaciones de los Estados a la hora de brindar asistencia a este tipo de migrantes.

Este endurecimiento de las políticas sobre migración forma parte del acuerdo de coalición suscrito entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), que ya durante la administración previa promovió medidas como la expansión de controles a todas las fronteras terrestres.

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