La normativa eleva del 20 al 30 por ciento el cupo de empleos públicos reservados para personas negras y extiende este derecho a comunidades indígenas y descendientes de afrobrasileños esclavizados.

Aprobada previamente por el Congreso Nacional, la medida abarca todo el aparato estatal: desde ministerios, fundaciones y agencias federales, empresas públicas y de capital mixto.

Según la nueva legislación, las cuotas serán revisadas nuevamente en 2035, en función del impacto social y la evolución del mercado laboral.

Durante la ceremonia de promulgación, Lula enfatizó que el Estado brasileño aún no refleja la diversidad de su población.

«Es importante permitir que este país vea algún día reflejada a su sociedad en sus oficinas públicas, en la fiscalía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Procuraduría General, en la Agencia Tributaria, en todas partes», señaló.

Reconoció que todavía tenemos pocas mujeres, personas negras y casi ningún indígena.

El nuevo marco legal da continuidad y refuerza una política iniciada en 2014, durante el Gobierno de Dilma Rousseff, cuando se implementaron por primera vez cuotas raciales en concursos públicos.

Según datos del Ejecutivo, en 2014 solo un 25 por ciento de los cargos públicos de alto nivel estaban ocupados por personas negras o mestizas.

En 2024, esa cifra aumentó al 36 por ciento. No obstante, el Gobierno admite que el progreso ha sido insuficiente.

«Las personas negras siguen subrepresentadas en el servicio público y ocupan mayoritariamente puestos de menor salario», indicó un comunicado oficial.

De acuerdo con la ministra de Gestión e Innovación, Esther Dweck, durante la última década se abrieron muy pocos concursos públicos, lo cual dificultó una transformación real.

«No pudimos revertir el escenario de baja representación para las minorías», apuntó.

Brasil es el país con mayor población negra fuera de África. Según el último censo, el 55 por ciento de los brasileños se identifica como negro o mestizo.

No obstante, este grupo representa más del 70 por ciento de los ciudadanos que viven por debajo del umbral de pobreza. En el ámbito privado, apenas uno por ciento de las personas negras o mestizas alcanza posiciones de liderazgo.

Con esta nueva ley, el Gobierno busca enfrentar el racismo estructural mediante mecanismos legales duraderos, garantizando más oportunidades y equidad en el acceso al empleo público.

Para Lula, se trata de «democratizar el Estado desde dentro».

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