En conferencia de prensa, la autoridad detalló que la investigación reveló un patrón sistemático de actuación ilegal por exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cigig).

Incluyó además a miembros del ente investigativo durante la anterior gestión, lo cual constituyó –afirmó- una de las tramas más graves en la historia reciente de la región.

El fiscal subrayó que esta fase de la investigación permitió determinar que los involucrados lejos de cumplir su mandato de combatir la corrupción, se convirtieron en actores clave de un esquema perverso de extorsión, encubrimiento y manipulación judicial.

De acuerdo con lo expuesto, estos exfuncionarios archivaron, eliminaron o incluso negociaron expedientes vinculados a figuras clave del caso Odebrecht.

Curruchiche descartó que lo hicieran por falta de pruebas, sino como parte de negociaciones ilícitas en las que exigían dinero o favores políticos a cambio de impunidad.

La investigación comprobó que la administración anterior de la FECI, dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, fundamentó su tesis en acuerdos de colaboración.

Mencionó que los suscribió con directivos de la constructora Odebrecht como Luis Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima, Eduardo Oliveira y José Carlos Probes.

Estos acuerdos, añadió, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, fueron utilizados para excluir deliberadamente la participación de actores nacionales y otorgar beneficios ilegales a personas vinculadas con los hechos investigados.

La víspera, el jefe de la FECI anunció órdenes de captura contra el extitular de Cicig, Iván Velásquez, actual exministro de Defensa colombiano y actual representante de ese país ante la Santa Sede.

Sumó a Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación cafetera e integrantes antes de la misma Comisión, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.

Acto seguido, el Gobierno guatemalteco rechazó enfáticamente las órdenes de captura giradas, las cuales –consideró- carecen de sustento legal y vulneran un Acuerdo firmado con las Naciones Unidas.

“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del MP, la Fiscal General y jueces asociados a la corrupción”, describió.

La acción del MP chapín generó respuestas del gobierno colombiano, como de organismos internacionales, con el presidente Gustavo Petro expresando que la Fscalía de Guatemala obedece al crimen y no a la ciudadanía.

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