“Reiteramos la urgencia de garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales del presidente Castillo, hoy privado de libertad bajo condiciones que preocupan al mundo jurídico y a la comunidad internacional”, expresó el citado grupo en un mensaje difundido por Internet.

El mismo mensaje da cuenta de una reunión con bancadas parlamentarias peruanas de izquierda, en la cual trataron sobre lo que considera preocupante situación de exmandatario.

En el encuentro participaron el coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, político chileno; Gloria Flórez, senadora colombiana, y Enrique Santiago, diputado y secretario general del Partido Comunista Español.

Enríquez-Ominami y Santiago fueron impedidos de ingresar al presidio de alta seguridad que alberga a exaltos funcionarios, en el que Castillo permanece desde su encarcelamiento hace casi dos años y medio, y donde es juzgado por el cargo de rebelión, por haber intentado disolver el Parlamento.

Los visitantes afirman que fueron autorizados para la visita, pero los guardias de la prisión los hicieron esperar siete horas y finalmente no les permitieron el ingreso.

“Después de estar toda la mañana esperando, no hemos conseguido que nos autoricen la entrada” para una visita previamente autorizada, dijo Santiago, quien añadió que querían conocer las condiciones del encierro de Castillo.

Enríquez-Ominami coincidió con Santiago en que es inaceptable que el preso tenga restringidas las visitas y afirmó que “tiene derecho a condiciones mínimas de dignidad” como la de ser visitado.

Lo sucedido, agregó el exdiputado chileno, “demuestra que hay razones extrajudiciales que explican esta negativa”, opinó el diputado chileno.

El político defendió por otra parte el derecho de Castillo a la presunción de inocencia, en virtud del cual debe afrontar en libertad el juicio en su contra, lo que ha pedido reiteradamente el exmandatario, sin que la solicitud sea aceptada.

Castillo, por su parte, calificó en un mensaje por Internet como “una nueva arbitrariedad” del INPE, que “impidió sin justificación la visita de dos amigos y parlamentarios internacionales”, pese a que cumplieron todos los requisitos legales.

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