En un comunicado, el organismo directivo de una de las siete etnias del istmo indicó que la acción está dirigida a denunciar la criminalización y amenazas que han sufrido dirigentes originarios por la fuerza policial en medio de las protestas de rechazo a la Ley 462, con varios arrestos como saldo.
”El pueblo gunadule de la comarca de Guna Yala repudia y denuncia a la faz del país y del mundo el vil y cobarde atropello a la población indígena de Panamá, violando todas las normas nacionales, el derecho internacional y las normas que protegen sus derechos” apunta el texto.
El documento precisa además que las atrocidades que comete el Gobierno en contra de los pueblos indígenas y del pueblo panameño es un crimen de lesa humanidad que no quedará impune.
El congreso exigió además la liberación inmediata de la dirigencia indígena y otros líderes originarios en el país, actualmente privados de su libertad.
También reafirmó su postura de rechazar el acuerdo firmado con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 que ordenó su cierre.
Por su parte, varias confederaciones sindicales en Europa e internacionales emitieron declaraciones en solidaridad con los principales dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares ( Suntracs) apresados y sometidos a procesos judiciales amañados como los de Genaro López y Jaime Caballero
Además expresan su respaldo al secretario general de ese gremio, Saúl Méndez, actualmente refugiado en la embajada de Bolivia en esta capital, que le ofreció protección temporal ante amenazas a su vida.
Sobre otra situación álgida, en la noroccidental provincia de Bocas del Toro, luego de más de un mes de cierres viales por los manifestantes; y ante alertas de diputados como Benicio Robinson sobre el auge de la violencia policial, el Ministerio de Seguridad aclaró que no ha recibido instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, para abrir ese territorio mediante el uso de la fuerza, en medio de las protestas registradas en el distrito de Changuinola.
Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan una huelga indefinida contra la ley de pensiones, medida secundada por otros sectores como los constructores, el bananero y comunidades indígenas y el reclamo generalizado de revisar la norma y establecer un diálogo nacional, a lo que se niega el Ejecutivo.
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