miércoles 17 de diciembre de 2025

Manifestantes en Panamá piden intervención del Legislativo

Ciudad de Panamá, 4 jun (Prensa Latina) Tras más de un mes de protestas en Panamá contra la ley de seguro, trabajadores del sector bananero en la provincia Bocas del Toro insisten hoy en la intervención de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) , Francisco Smith, aseveró que el encuentro en la localidad de Changuinola para dialogar y presentar sus reclamos debe ser con la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral del Legislativo.

En una nota dirigida a la diputada presidenta de la AN, Dana Castañeda, ese colectivo pidió la mediación con el objetivo de “superar la grave crisis social desatada en Panamá por la reforma de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social», indica el documento.

En el régimen especial del sector bananero fue trastocada la disposición legal que regía para los trabajadores que se dedican a la actividad bananera; por tanto se lesiona la Ley 45, agrega el texto.

Sitraibana mantiene el paro a pesar de las reiteradas advertencias de la empresa Chiquita Panamá, la cual ha anunciado el despido de más de cinco mil trabajadores asociados a la producción de plátano y la retirada del istmo.

La huelga de Sitraibana fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) el 19 de mayo, según las autoridades locales.

En consecuencia, el Ejecutivo instaló una comisión de ministros para atender las quejas del sector bananero en lo referente a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), que, según los sindicalistas, afectó la Ley 45 de 2017, relativa a la normativa sobre sus pensiones.

El diálogo en Changuinola no ha tenido resultados que acaben con los cierres de vías.

Las peticiones han sacudido la Presidencia, puesto que, el presidente de la República, José Raúl Mulino, condicionó la revisión de la norma al levantamiento de los bloqueos.

Por su parte, la víspera productores y empresarios de ese noroccidental territorio solicitaron se busque un diálogo para superar la crisis que enfrenta la provincia y el país.

Las organizaciones populares señalan que la norma de las pensiones abre las puertas para la “privatización” de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales, que consideran generará “jubilaciones de hambre”.

También rechazan el Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos, firmado recientemente, que permite el establecimiento de base militares y que consideran lesiona la soberanía.

Sobre la convulsa situación, el diputado bocatoreño por el Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, pidió al Ejecutivo que evite cualquier intento de entrar a la fuerza en ese territorio escenario de cierres viales y manifestaciones diversas.

Robinson enfatizó en su cuenta de la red social X que “el camino es el diálogo y no la represión”, en una clara alusión a una posible incursión de agentes de control de multitudes en las zonas bloqueadas.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan una huelga indefinida contra la ley de pensiones, medida secundada por otros sectores como los originarios y los constructores, cuyos principales dirigentes han tenido que buscar protección en sedes diplomáticas como la de Bolivia, o están encarcelados tras procesos amañados, según denuncias de esos colectivos y de sindicatos y otros organismos internacionales que muestran su solidaridad.

oda/ga

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