En una ceremonia realizada en la Casa de Nariño, el mandatario rememoró que a finales del pasado siglo comenzó la masacre de la mentada localidad, del departamento de Antioquia, donde se documentaron 300 asesinatos en diferentes tiempos.

Lamentó que transcurridas varias décadas aun no existe una investigación respecto a lo sucedido.

“¿Dónde está el Poder Judicial de Colombia? Ahora que me critican, ¿no es este un hecho de ignominia? ¿No fueron militares los que mataron directamente a muchos, la mayoría de los asesinados en San José de Apartado? ¿Sus municiones no fueron comprados con dineros públicos? ¿Sus uniformes no fueron comprados con dineros públicos?”, cuestionó.

Comentó entonces que no puede hablarse de democracia ni de independencia de poderes cuando un caso semejante se mantiene bajo el velo de la impunidad.

“La democracia no es simplemente la independencia de poderes. Si un poder es genocida, y el otro poder no juzga, y el otro poder hace leyes de los genocidas, ¿se llama eso democracia? Cada cual hace su tarea bien, pero la tarea la hace en función de la codicia de los poderosos de Colombia”, planteó.

También afirmó que hay senadores vendidos y partidos políticos enteros que se oponen a las reformas sociales que necesita el pueblo porque, según manifestó, sus dueños son la codicia, el poder, partidos políticos que son propiedad privada de la codicia y no de la ciudadanía.

Petro mencionó que, al amparo de la Constitución de 1991, es preciso comenzar a construir los tres poderes subordinados al poder legítimo, único y exclusivo que es del pueblo de Colombia.

“Lo demás es la aristocracia falsa de sanguinarios. Nos han gobernado asesinos”, remarcó.

También señaló que el presupuesto nacional se ha destinado no a la inversión social sino a pagar la deuda a los dueños de los bancos y de quienes manejan las concesiones viales que tienen la plata guardada.

“Eso no es un estado social de derecho y ningún tribunal de la justicia ha analizado cómo es que se usa el presupuesto de Colombia contrario a su Constitución”, enfatizó.

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional está relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por durante una década miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Dichos sucesos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad de integrantes de la fuerza pública.

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