La víspera, el hasta ahora dirigente afín a Morales Rudy Capquique, devenido ahora acusador, presentó una grabación en el canal privado DTV con una supuesta conversación que según expresó tuvo con el primer exdignatario indígena de Bolivia.

Sobre esa base, las autoridades denunciarán a Morales por impulsar el bloqueo de caminos y anunciar un cerco a La Paz para forzar su candidatura, romper el orden constitucional, exigir la renuncia del jefe de Estado e impedir la realización de las elecciones generales.

“La denuncia será presentada (…) por los siguientes delitos de acción pública, que fácilmente pueden ser definidos como terrorismo, instigación pública a delinquir por el audio y por todos los sucesos y declaraciones anteriores (…)”, afirmó Siles.

Añadió que no se trata solo de lo expresado por Morales, sino “también por muchas otras personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado”.

Terrorismo es el primer delito del cual se acusa al exmandatario por promover actos que, según el Gobierno, buscan generar terror en la población mediante bloqueos prolongados, amenazas y desabastecimiento de insumos esenciales.

El segundo es instigación pública a delinquir al incitar mediante llamados públicos a bloquear carreteras, cercar ciudades e instruir movilizaciones con fines políticos.

Desobediencia a resoluciones constitucionales es el tercero, pues, según se señala, Morales incumple una sentencia constitucional del 23 de diciembre de 2022 que le prohíbe vulnerar derechos como la libre locomoción, acceso a la educación y el trabajo.

Otra ilícita que se le atribuye es atentado contra la libertad del trabajo por impedir, a través de bloqueos, que trabajadores y empresas puedan operar con normalidad.

La acusación incluye el concepto de atentado contra medios de transporte por obstruir la libre circulación de vehículos, incluidas ambulancias y cisternas, lo que pone en riesgo vidas humanas y el suministro básico de combustible, de acuerdo con Siles.

Se basa el sexto delito (atentado contra servicios públicos) en la interrupción de la atención sanitaria, transporte y distribución de bienes esenciales, lo cual constituiría una violación del Código Penal, que castiga el sabotaje a las prestaciones esenciales.

Finalmente, se le atribuye obstaculización de los procesos electorales por pretender impedir la realización de las elecciones generales, lo cual constituye un delito comicial.

Siles compareció la noche de este miércoles en una conferencia de prensa conjunta con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el de Gobierno, Roberto Ríos.

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