Los originarios cuestionaron el uso excesivo de la fuerza del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y mostraron en videos en las redes sociales la entrada de agentes que lanzan gases lacrimógenos, perdigones y queman viviendas para reprimir las manifestaciones contra la norma que regula las pensiones.

Según autoridades tradicionales como el cacique de Tierra Colectiva Emberá Wounann, Gabriel Minguisamá, el Gobierno de José Raúl Mulino, a través de métodos violentos intenta sofocar los reclamos para que se derogue la legislación que regula a la CSS .

En la jornada, la comarca kuna de Wargandi, al norte de Darién, se solidarizó con sus similares de Arimae y convocó a salir a las calles y cerrar la carretera interamericana.

Además, repudian la firma por el Ejecutivo de un memorando con Estados Unidos que propicia el establecimiento de bases militares, así como la intención de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de 2023 de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) que ordenó el cierre de sus operaciones.

Por su parte, Senafront emitió un comunicado que acusa a los indígenas de causar heridas a tres uniformados durante los enfrentamientos y del uso de cocteles molotov, la verdadera causa de los incendios de algunas de las moradas, según su versión.

Para los originarios, la clara intención del Gobierno con esta persecución indiscriminada es borrar a toda esta comunidad de Arimae, uno de los bastiones de lucha contra la ley de pensiones.

Sobre la situación de convulsión social en el istmo, tras más de un mes de huelga indefinida convocada por docentes y que se replica en la ciudad capital y la noroccidental provincia a de Bocas del Toro, el abogado Rodrigo de la Cruz señaló que ha estado signada por una respuesta estatal que en ocasiones cruza la línea hacia la represión.

Si bien es innegable la obligación del Estado de mantener el orden y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, resulta crucial analizar con detenimiento los métodos empleados y discernir si estos se ajustan a los principios democráticos y al respeto de los derechos humanos fundamentales, indicó el letrado citado por el diario La Prensa.

Para el experto, cuando la voz social es silenciada mediante la fuerza excesiva, se erosiona la confianza en las instituciones y se siembran las semillas de una mayor polarización.

Criminalizar la protesta, equipararla a actos de vandalismo o alteraciones del orden público sin una base sólida, comentó, es una estrategia peligrosa que socava las libertades civiles.

El presidente de la junta directiva de la Coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, pidió al gobierno abrir un espacio de diálogo para salir de la crisis que enfrenta el país, que cumple su sexta semana consecutiva.

Vásquez, exdiputado, cuestionó a la administración de Mulino por “no llamar a las fuerzas políticas del país ante la crisis”, al tiempo que criticó su postura de cerrar una eventual discusión para modificar la polémica normativa.

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