La decisión unánime protege a las empresas de una demanda que reclamaba miles de millones en daños y perjuicios, reportan medios locales.

En una opinión, la jueza Elena Kagan explicó por qué la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas no permite que la demanda de México avance.

“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos”, dijo la magistrada al insistir que no tienen dudas de que “como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben que sucede”.

Esta demanda ocurre en un momento especialmente sensible en su nexo con Estados Unidos, sobre todo a partir de la cuestión migratoria y el tráfico de drogas hacia el norte.

El litigio, presentado en 2021 contra ocho compañías ante una corte federal en Massachusetts, argumentó que fabricantes de armas estadounidenses alimentan el tráfico ilegal de armas que incrementa la ola de violencia armada en el plano doméstico.

En marzo, México expresó que confiaba plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante el Tribunal Supremo contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes.

“Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte”, apuntó entonces un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del vecino país.

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