«No voy allí para lacrar (lucirme), para intentar crecer, para desafiar a quien sea», afirmó Bolsonaro al intervenir en el Encuentro Nacional de Mandatarias del conservador Partido Liberal (PL), en Brasilia.

El uso del término lacrar —expresión asociada a frases provocadoras o teatrales en redes sociales— apunta a una estrategia de moderación discursiva frente a una cita judicial de alto voltaje político.

Bolsonaro comparecerá como uno de los ocho acusados por la presunta organización de una trama golpista posterior a su derrota electoral en 2022.

La Fiscalía General lo señala como el líder de un grupo que habría intentado impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

El periodo de interrogatorios comienza el lunes en la sede del STF, con la audiencia del teniente coronel Mauro Cid, otrora ayudante de Bolsonaro y delator clave en el proceso.

Según la agenda, el exmandatario, que será el sexto en declarar, adelantó que su testimonio probablemente ocurra el 10 de junio o al siguiente día.

Pidió a sus simpatizantes que lo acompañen «en audiencia», a través de la transmisión oficial por TV Justicia. «Vale la pena verlo», indicó.

También insistió en que «la verdad está de nuestro lado» y calificó el proceso de inquisición, retomando su habitual narrativa de persecución política por parte de las instituciones judiciales.

El acto en el cual realizó estas declaraciones reunió a cabecillas políticas del PL y sirvió para reforzar su línea de defensa: no se presentará como un provocador, pero aprovechará la visibilidad del proceso para reafirmar su liderazgo entre las bases conservadoras.

Al señalar que no irá a «desafiar a nadie», Bolsonaro adopta una postura aparentemente comedida, pero sin renunciar a transformar el episodio en una oportunidad de movilización política.

El caso en su contra se inscribe en un contexto más amplio de tensiones históricas entre el exgobernante y el Supremo.

Desde su llegada al poder en 2019, el político ultraderechista protagonizó numerosos choques institucionales con el STF, especialmente con los ministros Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, a quienes ha acusado de actuar políticamente.

En su mandato (2019-2022), llegó incluso a participar en manifestaciones en las que se pedía el cierre del Supremo y defendió abiertamente la desobediencia a sus decisiones, en un discurso que erosionó la credibilidad del Poder Judicial entre sus seguidores más radicales.

Por su parte, el STF se consolidó como un actor central en la contención del autoritarismo bolsonarista (adeptos del excapitán del Ejército).

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