La Fiscalía General informó a Georgescu que el control judicial se prorroga a partir del 11 de junio y previamente, las fuerzas del orden realizaron registros en varios condados del país como parte de una investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral.

El político fue acusado el 26 de febrero de seis delitos, incluida la difusión de información falsa, en el marco de esa pesquisa en el otoño de 2024. En esa ocasión, se comprometió por escrito a no salir del país durante 60 días.

La investigación de la fiscalía comenzó tras la anulación de los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 24 de noviembre debido a sospechas de interferencia en la campaña del estadista a través de las redes sociales.

Las elecciones terminaron con la victoria de Georgescu, candidato independiente, con el 22,94 por ciento de los votos.

El 6 de diciembre, sin embargo, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló los resultados de la primera vuelta tras investigar los materiales desclasificados de los servicios especiales sobre violaciones cometidas durante la campaña electoral.

El político rumano recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación, y luego ante el Supremo, pero su demanda fue desestimada.

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