En su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que esta decisión anula la posibilidad de importantes reuniones bilaterales en la ciudad de Niza pero que su responsabilidad como jefe de Estado le impide abandonar el istmo «en un momento de crisis delicada”, remarcó.

Mulino adelantó que esas pláticas previstas podrían retomarse a finales de este mes cuando asista a la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla, España. Sobre los bloqueos en la noroccidental provincia de Bocas del Toro, Mulino indicó que entregó una carta al Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, y al Rabino Gustavo Kraselnik, para que la hagan llegar al dirigente del sector bananero, Francisco Smith, a fin de detener los enfrentamientos y reactivar la economía del territorio.

En la misiva, según Mulino, se expresan las razones que anteriormente los ministros de Comercio Julio Moltó; y de Trabajo, Jackeline Muñoz, expusieron al líder sindical para que abran las vías y frenen el daño a ese territorio.

En la carta le expreso mi compromiso personal con entregar a la Asamblea Nacional (Parlamento) la Ley 45 con la redacción más beneficiosa a esos trabajadores siempre que abran permanentemente las vías cerradas hace más de un mes y que permitan llegar a la provincia con insumos necesarios.

Interpelado sobre el reclamo de otros sectores que demandan la derogación de la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social y la posibilidad de acercamiento, indicó enfático que “no habrá diálogo nacional, ni provincial ni barrial, no. La ley 462 es muy importante y no será derogada”.

También afirmó que esa norma fue debidamente consultada y luego aprobada en el pleno Legislativo por 48 diputados.

Para este viernes, la alianza Pueblo Unido por la Vida convocó a una marcha hacia el Parlamento para exigir sea derogada la Ley 462.

Los participantes en la caminata y concentración también repudiarán un memorando de entendimiento suscrito por el Ejecutivo y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema e Justicia de 2023, que ordenó el cierre de sus operaciones.

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