Dirigido a todos los actores políticos, públicos, privados y organizaciones sociales, el llamado a evitar una escalada de la conflictividad social, fue presentado en conferencia de prensa encabezada por el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
El texto insta a deponer actuaciones, acciones, discursos y actitudes que inciten a la violencia, ya que estas pueden derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos.
“La crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, agravada por el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y los bloqueos de carreteras, impactan de forma negativa a toda la población (…)”, expresa el documento.
Describe que esa situación crítica afecta de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, discapacitados y a trabajadores de la prensa.
Considera en tal sentido que resulta fundamental que las elecciones generales previstas para agosto del año en curso se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto.
Dentro de este contexto, pide al Gobierno garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas y bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas.
Reclama del Órgano Electoral hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral íntegro, transparente y competitivo.
A los sectores movilizados, les pide ejercer sus derechos políticos en un ambiente de respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable, sin violencia que afecte los derechos de personas no involucradas en las protestas.
Demanda, asimismo, garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, con la advertencia de que, conforme a los estándares internacionales, únicamente las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena.
En referencia a todas las fuerzas políticas y sociales del país, los llama a establecer mecanismos seguros e incluyentes para lograr espacios de diálogo sobre el uso de la fuerza, que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país.
Finalmente, insta a la ciudadanía a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica, comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas.
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