El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana),Francisco Smith, mostró disposición al encuentro con la titular de la Asamblea Nacional (parlamento), Dana Castañeda, pero aún no había sido notificado oficialmente, indicó.

Smith señaló a la prensa que, si se concreta la reunión, esperan que los diputados comprendan la relevancia de la Ley 45 para los trabajadores bananeros y que el intercambio sirva para profundizar el diálogo.

No obstante, advirtió que las protestas continuarán hasta que dicha ley sea aprobada y el gobierno confirme que sucederá con la empresa Chiquita Panamá, que cerró sus operaciones en el país y despidió a más de cinco mil trabajadores.

La Ley 45 busca fortalecer las condiciones laborales y contractuales de los trabajadores bananeros, y ha sido el centro de las protestas que se mantienen en Bocas del Toro.

La semana pasada el presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que escribió una carta a Smith para que fuera entregada por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.

El líder religioso aceptó actuar como mediador en el conflicto laboral que ha paralizado la economía de la provincia y generado la pérdida de miles de empleos.

Ulloa, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, participará en la mediación mañana martes junto al rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso.

En la misiva el mandatario se compromete a presentar una ley sobre el régimen laboral de los trabajadores bananeros, similar a la antigua Ley 45, que podría aprobarse en las sesiones extraordinarias del Legislativo pero con la condición de que el sindicato levante los bloqueos.

Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) la situación en Bocas del Toro no puede seguir siendo tratada como un conflicto aislado, sino como el resultado de un abandono histórico del Estado.

Apede destacó en un comunicado que ya se acumulan más de cinco mil trabajadores despedidos y pérdidas económicas estimadas en más de 75 millones de dólares.

El Ministerio de Trabajo ha advertido que el desempleo podría superar el 15 por ciento en la región, impactando a otras 20 mil personas.

El conflicto se suma a los paros de docentes y constructores en varias provincias del istmo y a los enfrentamientos violentos entre uniformados del Servicio Nacional de Fronteras con pobladores de la comunidad indígena de Arimae, en la provincia de Darién, con saldo de varios heridos.

Los manifestantes exigen se derogue la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social y rechazan un memorando suscrito por el Gobierno con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares, una afrenta a la soberanía nacional, según denuncian.

También se oponen a la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón) a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2023, que ordenó el cierre de sus operaciones.

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