Tal revelación clave sacudió la investigación judicial por intento de golpe de Estado en el gigante sudamericano.

Según el teniente coronel Cid, su exjefe observó y editó personalmente el borrador de un decreto que proponía anular las elecciones de 2022 y frenar la asunción al poder de Lula.

De acuerdo con el militar, Bolsonaro eliminó del documento varias órdenes de detención e incluyó solo al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), como eventual arrestado.

«Él limpió el documento, quitó las prisiones. Solo usted (De Moraes) quedaría preso», declaró el oficial de alto rango ante el magistrado, quien es relator del caso en el Supremo.

Relató que se realizaron al menos dos o tres reuniones en el Palacio de la Alvorada, residencial oficial de los gobernantes en Brasilia, donde se discutieron versiones de la minuta con Bolsonaro presente.

En esas citas participaron el exasesor presidencial Felipe Martins y un jurista no identificado.

Las propuestas incluían medidas extremas como estado de defensa, estado de sitio, detención de autoridades y creación de una comisión electoral para repetir las justas comiciales.

A pedido del magistrado, Cid mencionó como blancos potenciales del plan a ministros del STF, el timonel del Senado y otros líderes del Poder Judicial y Legislativo.

Cid firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia brasileña, lo cual le garantiza ciertos beneficios a cambio de colaborar con información sobre la trama golpista.

A partir de este lunes, se iniciaron en el STF los interrogatorios de los ocho principales implicados en el caso, considerado el núcleo crucial del intento de ruptura institucional.

Las audiencias se celebran en la primera sala de la corte superior y son transmitidas en vivo por TV Justicia.

El juicio avanza hacia sus etapas finales, tras la aceptación formal en marzo de la denuncia por parte del Supremo.

Todos los acusados enfrentan cargos por intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, tentativa de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

La causa tiene como base una investigación de la Policía Federal, que identifica a Bolsonaro como figura central en el complot.

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