Se terminará en 2033, con una inversión de tres mil 200 millones de euros a cargo de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y contempla ampliar Barcelona-El Prat en la prolongación de 500 metros de la tercera pista, la más cercana al mar.

La noticia la dio a conocer este martes en el Palau de la Generalitat el presidente de Cataluña, Salvador Illa, tras una reunión de la Comisión técnica sobre la ampliación de esta infraestructura.

Sin embargo, grupos ecologistas, que tuvieron gran protagonismo con un intento anterior de esta índole hace tres años, se pronunciaron en contra de la ampliación.

Según Ecologistas en Acción y la plataforma Zeroport, de la que forma parte Greenpeace, subrayaron que el Govern se pone «al lado del negacionismo climático», con un proyecto que

«aumentará la contaminación y agravará la crisis ecológica, el calentamiento global y sus efectos».

En todo caso, las autoridades catalanas se mostraron entusiasmadas con la iniciativa que contempla además mejoras en las terminales 1 y 2, y la construcción de una instalación satélite que se conectaría con la uno mediante un tren subterráneo.

«Ya contamos con una propuesta sólida, consensuada y definitiva (…), será una remodelación completa e integral», apuntó Illa, quien adelantó que el Plan Director deberá aprobarse en 2028, con el comienzo de las obras en 2030.

Barcelona-El Prat aspira a convertirse en un hub intercontinental, con capacidad para operar sin contratiempos las aeronaves involucradas en largos trayectos, indicó Aena, que destacó además la reducción del impacto acústico sobre las poblaciones vecinas.

El gran flujo de pasajeros tiene al borde de la saturación al principal enclave aeroportuario de Barcelona, que en abril recibió a cinco millones de viajeros.

«Es una infraestructura crucial para la prosperidad de Cataluña, de España y de Europa (…) es hora de pasar a la acción», opinó Illa.

Sin embargo, el camino para concretar este plan será escabroso. Hay socios de investidura del Govern de Illa, opuestos a la idea, como el caso de Esquerra Republicana (ERC) y Comuns, y probablemente en partidos de la oposición.

«Por ese camino se le complicará un poco la legislatura», dijo la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, mientras el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, aseguró que es prácticamente imposible contar con el aval de la Comisión Europea.

Tampoco lo vio del todo bien Junts por Cataluña, en tanto el sector económico financiero aplaudió el proyecto.

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