Araos fue arrestada en el domicilio de sus padres por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones, el servicio de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet, y llevada a centros de detención clandestino donde la violaron y golpearon, pese a su estado de gravidez.

Por concepto de daño moral, el Estado deberá pagar a la víctima la suma de 25 millones de pesos (26 mil 500 dólares).

El Estado chileno reconoció su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-1990), lo cual está reflejado en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y Prisión Política y Tortura.

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