La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, de todos modos, marca procesos a un ritmo muy limitado y se sabe que desde 2022, solo se ha formalizado una restitución entre las 10 solicitudes recibidas por el Gobierno.
Se trata de la familia De la Sota, ejemplo paradigmático de la resistencia y la perseverancia, que logró recuperar parte de su patrimonio tras décadas de litigios y reclamaciones.
Aunque de forma lenta y con importantes retos legales y administrativos, el proceso avanza, como refleja el expediente de la reciente restitución de algunas obras de arte a la familia De la Sota y a los descendientes de Pedro Rico, cuyos bienes fueron embargados y dispersados por el régimen franquista.
Fuentes relacionadas con el tema, indicaron que de esta forma se marca un precedente histórico y abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de particulares y herederos afectados por el expolio.
Hace poco, el Ministerio de Cultura publicó un inventario de casi seis mil piezas incautadas, actualmente bajo custodia de museos estatales, con el objetivo de facilitar su identificación y reclamación por parte de los legítimos propietarios.
De acuerdo con José Montero, CEO de Montero de Cisneros y experto en derecho civil patrimonial, “el proceso de recuperación exige acreditar la titularidad original y la identidad precisa de los bienes incautados, así como demostrar la continuidad en la reclamación por parte de los herederos”.
Montero subrayó que la vía civil es actualmente la principal herramienta jurídica, a la espera de una reglamentación más específica en el marco de la Ley de Memoria Democrática.
“La clave para una reclamación exitosa está en la documentación: inventarios, epistolarios familiares y registros notariales son esenciales para reconstruir la historia de cada bien y probar su legítima propiedad”, recalcó el experto.
Según los analistas, España enfrenta todavía un largo camino en la reparación del expolio franquista. Aunque la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho al resarcimiento por incautaciones motivadas por razones políticas o ideológicas, la falta de una normativa específica para bienes muebles y la lentitud administrativa dificultan la restitución real.
Indicaron asimismo, que la mayor parte del patrimonio identificado sigue en manos de organismos públicos, y numerosas familias continúan buscando justicia y reparación.
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