Acompañado de otros 16 dirigentes locales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana),Francisco Smith, sostendrá conversaciones con la junta directiva y jefes de bancadas de la Asamblea Nacional (Parlamento), aunque los cierres viales y el paro iniciado el pasado 28 de abril se mantienen.

La diputada independiente Janine Prado, de la coalición Vamos, mencionó que las conversaciones con los sindicalistas buscan entender sus reclamaciones y encontrar una solución beneficiosa para todas las partes.

Además, hizo un llamado a las autoridades y a los manifestantes para que continúen las negociaciones con la empresa Chiquita Panamá con el objetivo de que se mantengan en el país para salvar los más de cinco mil empleos que genera esta industria.

Posteriormente, Smith y sus acompañantes será recibidos por monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, quien hará entrega de una carta escrita por el presidente José Raúl Mulino en la que se compromete a respetar lo acordado con los ministros hace algunas semanas durante su visita a Bocas del Toro.

Durante su más reciente conferencia de prensa semanal, el mandatario mencionó que una de las razones por las que se aprobó extender el periodo de sesiones extraordinarias del Legislativo fue para darle trámite expedito a la nueva ley especial del sector bananero una vez se reabran las vías, condición que puso el Ejecutivo para presentar la propuesta.

Sin embargo, los bananeros han rechazado esta solicitud y se mantienen con aperturas de las calles de manera temporal de máximo cuatro horas a lo interno de la localidad Changuinola; aunque el resto de puntos en el noroccidental territorio siguen completamente cerrados.

Finalizados estos encuentros se espera alguna solución al conflicto que mantiene a la provincia en vilo con pérdidas que superan los 100 millones de dólares y más de siete mil plazas de empleo directas e indirectas.

La Ley 45 busca fortalecer las condiciones laborales y contractuales de los trabajadores bananeros, y ha sido el centro de las protestas que se mantienen desde hace semanas en Bocas del Toro. Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) la situación no puede seguir siendo tratada como un conflicto aislado, sino como el resultado de un abandono histórico del Estado.

Este conflicto se suma a los paros de docentes y constructores en varias provincias del istmo y a los enfrentamientos violentos entre uniformados del Servicio Nacional de Fronteras con pobladores de la comunidad indígena de Arimae, en la provincia de Darién, con saldo de varios heridos.

Los manifestantes exigen se derogue la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social y rechazan un memorando suscrito por el Gobierno con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares, una afrenta a la soberanía nacional, según denuncian.

También se oponen a la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón) a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2023, que ordenó el cierre de sus operaciones; y a la construcción de un embalse en rio Indio, para beneficiar las operaciones del Canal de Panamá, pero que implica el desalojo de comunidades enteras.

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