La investigación titulada “Estado de la Justicia 2025”, elaborada por el denominado Programa Estado de la Nación (PEN), perteneciente al Consejo Nacional de Rectores (Conare), y divulgada este miércoles por el diario CRHoy.com, asegura que esas acciones lideradas por el presidente Rodrigo Chaves contra el Poder Judicial “son constantes y no tienen precedentes”.

“El mandatario usa el megáfono como su principal arma política, utilizada para antagonizar o frenar a quienes considera adversarios y opositores, entre ellos, las autoridades judiciales”, señala el estudio del PEN, entidad que responde a las cinco universidades públicas del país.

La investigación comenta que el poder judicial recibe más ataques del gobernante y de su gobierno, que del crimen organizado, mediante una oleada nunca antes vista de ataques desde distintos frentes, procedentes del poder político.

“Los embates –precisa el estudio- pretenden socavar sistemáticamente la legitimidad e independencia del Poder Judicial, principalmente mediante el llamado trash-talking, es decir, el discurso de descrédito, desprestigio o “basureo”, como se conoce en el lenguaje coloquial.

El gobierno utilizó en 2023 y 2024 su “poder de megáfono” para atacar de forma sostenida al Poder Judicial, en una conducta sin precedentes desde la instauración de la Segunda República (1948-1949).

Según el informe, dos evidencias permiten comprobar estos ataques: un recuento de las ofensivas y de quiénes las ejecutan, y las menciones al Poder Judicial durante eventos públicos organizados por el Ejecutivo, conferencias de prensa y programas televisivos protagonizados por Chaves.

“Después de la Asamblea Legislativa –precisa el documento- el Poder Judicial es el segundo actor más mencionado. Esta institución es mencionada incluso más que otros objetivos del gobierno, como la Contraloría General de la República, la prensa, las universidades, la Defensoría de los Habitantes y otras entidades autónomas”.

El problema no se limita a la frecuencia de las menciones contra el Poder Judicial, sino también a su contenido. El principal argumento del gobernante es responsabilizarlo por la crisis de violencia homicida, pese a que desde que él asumió el cargo (8 de mayo de 2022), la ola de asesinatos cobró la vida de dos mil 622 personas, según estadísticas oficiales.

“Chaves –recuerda el documento- traslada la culpa a las instancias judiciales, atribuye la crisis a decisiones erróneas de jueces que liberan a delincuentes y a la duración excesiva de los procesos y sugiere un enfoque de “mano dura” basado en el encarcelamiento como solución al problema de la inseguridad”.

El PEN, además de pertenecer al Consejo Nacional de Rectores con sus cinco universidades públicas, cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes y brinda, desde 1994, información relevante para el diseño de políticas públicas.

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