La sesión de la víspera concluyó con la creación de una subcomisión para analizar las más de 400 proposiciones realizadas al proyecto de ley objeto de análisis, así como la posible inclusión de otros puntos.
La subcomisión quedó integrada por los senadores Juan Felipe Lemos (La U), Aída Avella, Clara López, María José Pizarro (Pacto Histórico), Samy Merheg (Conservador), Angélica Lozano (Alianza Verde), Carlos Meisel (Centro Democrático) y Richard Fuelantala (AICO).
Se espera que los mentados legisladores presenten en el transcurso de esta jornada un consenso en torno a las nuevas solicitudes.
Ayer, con 32 votos a favor y 47 en contra, fue negada la ponencia alternativa liderada por la senadora de la bancada del Pacto Histórico Aída Avella, y que reintroducía artículos que aprobó la Cámara de Representantes y que modificó la Comisión Cuarta del Senado.
La ponencia con el respaldo mayoritario pasó sin contratiempos con 67 votos favorables y 25 desfavorables.
La discusión del proyecto se realiza tras la firma del presidente Gustavo Petro del decreto para convocar a la consulta popular con el fin de modificar la legislación laboral.
Según refirió el mandatario, solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso.
La pugna entre Gobierno y Senado tiene que ver con las modificaciones aplicadas al texto durante su tránsito por la Comisión Cuarta, y que difieren del contenido al que la Cámara de Representantes dio su anuencia en octubre del pasado año.
La nueva propuesta no satisface las expectativas de las centrales obreras, y alegan que el proyecto de ley es ahora regresivo.
Según planteó la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, el texto que salió del comité del Senado no reivindica los derechos de los empleados.
Denunciaron que el nuevo articulado establece que el recargo nocturno solamente se paga después de las 19:00 horas a quienes trabajen en empresas distintas a una mipyme, con lo cual excluyen al 80 por ciento de los empleados.
Asimismo, manifestaron su descontento por el establecimiento de contratos a término fijo hasta por cinco años, “lo cual se convierte en una burla a cualquier opción de estabilidad en el empleo”, según estimaron.
También repudian el establecimiento del contrato por horas.
Las organizaciones sindicales consideran entonces a la consulta popular como el medio más eficaz para proveer mejores condiciones de trabajo a la clase asalariada.
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