En medio de crecientes pronunciamientos contra el proyecto impulsado por congresistas de extrema derecha, la organización señaló que el proyecto “es un acto de impunidad, expresamente prohibido por el derecho internacional”.

La declaración añade que la pretendida ley de amnistía se presenta como una medida humanitaria, pero es solo “un encubrimiento a los que son los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

Se trata además, indica, de “una afrenta al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas violaciones sexuales y masacres perpetradas” durante el llamado conflicto interno (1980-2000) contra los grupos armados.

Mientras el proyecto pretende cerrar las secuelas de aquella época sin hacer justicia, el Ministerio Público reportó el hallazgo de restos de víctimas de aquella etapa en un lugar en la localidad de Churcampa de la región centroandina de Huancavelica y en lo que era una base militar de tropas contrainsurgentes.

En la región de Ayacucho, colindante con Huancavelica, la Fiscalía encontró a fines de mayo osamentas de otras víctimas y organizaciones humanitarias denunciaron la presunta intención gubernamental de terminar la búsqueda de restos en miles de fosas comunes.

Por otra parte, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem), declaró que la amnistía proyectada es un mecanismo legislativo de impunidad, disfrazado de “humanitario” y viola obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y justicia transicionaI.

La agrupación de magistrados anota que la justicia supranacional dejó en claro hace casi dos décadas que están prohibidas las amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad y dejó sin efecto en 2006 la decretada para los autores de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

Además, indican los jueces, el Tribunal Constitucional de Perú dictaminó que las leyes entorpecedoras de las investigaciones, juicios y sanciones por crímenes atroces contravienen el principio de dignidad humana, el derecho de acceso a la justicia y la supremacía de la Constitución.

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