La retención de Smith en la localidad de Changuinola no ha impedido que más de 20 puntos en el noroccidental territorio del istmo amanezcan con cierres y bloqueos protagonizados sobre todo por comunidades indígenas que se oponen a la norma de pensiones.
Según el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, el dirigente sindical es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración de Justicia en la modalidad de apología del delito.
Acusado por el abogado y periodista Senén Briceño, a Smith se le achaca su vínculo con los bloqueos de carreteras que aislaron y sumieron en el caos en esa región y que la empresa Chiquita Brands cerrara operaciones y despidiera a más de seis mil trabajadores.
La aprehensión de Smith tuvo lugar a pesar de que se firmara un acuerdo en la Asamblea Nacional (parlamento) para que finalizaran los cierres viales- a lo que se opusieron otros colectivos- , luego de más de un mes de manifestaciones, y que de manera expedita se aprobara un proyecto legislativo sobre un régimen especial y otros beneficios al sector bananero.
También reportaron en la jornada otros 28 detenidos como parte del operativo Omega que desarrolla el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con unidades antimotines desplegadas hace 72 horas en una provincia eminentemente turística.
La pasada semana, el presidente de la República, José Raúl Mulino , indicó despejar las vías y reactivó un plan de emergencia para recuperar la economía.
Tras la detención de Smith, residentes de distintas comunidades del distrito de Changuinola salieron nuevamente a las calles, sobre todo en distintos sectores del distrito de Changuinola, incluyendo la Finca 11.
La provincia sigue incomunicada con el resto del país istmeño con bloqueos en la carretera desde Changuinola hasta Alto del Valle en rechazo a la Ley 462 que reforma a la Caja del Seguro Social.
El ministro Abrego estimó en declaraciones a la prensa que se tomará entre tres y cuatro días despejar la vía debido a los árboles que han sido colocados y precisó que en la provincia hay mil 300 agentes de las fuerzas de seguridad.
Pocas horas después de iniciado el operativo, la presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz, denunció en un comunicado que las acciones represivas dejaron personas heridas en comunidades indígenas de Chiriquí Grande.
Cruz responsabilizó directamente a Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y a la titular de Gobierno, Dinoska Montalvo, por lo que calificó como un ataque aéreo y terrestre contra pueblos originarios que protestan por sus derechos.
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