En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) agregó que el pleno realizó la asignación de las personas que obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria, para los cargos del Tribunal de Disciplina Judicial, entre ellas, Celia Maya y Eva Verónica de Gyves.

También Bernardo Bátiz, Indira Isabel García y Rufino León, refirió el texto, al detallar los dos ganadores en el caso de la Sala Superior y los 15 de las Regionales.

Ayer también se entregaron las constancias de mayoría a los flamantes ministros de la Suprema Corte, que estará encabezada por el abogado mixteco Hugo Aguilar, luego de los comicios judiciales celebrados el pasado 1 de junio.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que esta entrega es el resultado de un proceso transparente, confiable y sujeto a estrictos mecanismos de verificación y legalidad que garantizan la autenticidad de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Durante el acto protocolario, la secretaria ejecutiva del órgano comicial, Claudia Espino, entregó una constancia en su lengua materna (mixteco) a Aguilar, quien obtuvo la mayor cantidad de votos.

“El cambio democrático es siempre resultado del esfuerzo de todos y de todas”, expresó Aguilar, con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

Consideró importante señalar que la nación contará con una Suprema Corte “guiada por los principios del Estado de derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia” y destacó su “integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional”.

Los demás ministros del alto tribunal son Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero.

Durante los inéditos comicios, los ciudadanos escogieron en total 881 cargos del poder judicial federal y mil 801 puestos locales.

Las elecciones se derivaron de la reforma judicial aprobada el año pasado, la cual aspira a poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias que en opinión de autoridades y representantes de la sociedad civil permea a ese poder autónomo.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el año pasado y hasta los primeros cinco meses del corriente, suman casi 200 las decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.

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