Preguntado por la prensa sobre la divulgación de un peritaje privado a uno de los documentos señalados, según el cual hubo falsificación y si por ello la mandataria podría ser vacada (destituida) por el Parlamento, Schialer dijo que no cree que la firma sea falsa y descartó que ello motive la vacancia.

Dijo también que el asunto no puede ser dilucidado por un perito de parte, es decir contratado por un involucrado en la investigación del tema, sino por expertos del Ministerio Público.

Al parecer, el canciller no estaba al tanto de que ese peritaje oficial ya se había realizado y había determinado que no existió falsificación alguna, como lo anunció horas después el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal.

El letrado afirmó que el peritaje del Ministerio Publico comparó la firma de autenticidad cuestionada con más de 300 documentos oficiales suscritos por ella y llegó a la conclusión de que la rúbrica cuestionada fue hecha por la jefa del Estado.

La controversia se originó en una denuncia del médico Mario Cabani, dueño de la clínica en la que Boluarte se sometió en secreto a operaciones de cirugía estética en junio de 2023.

Cabani encargó el peritaje para apuntalar su versión de que la presidenta estaba ingresada en la clínica tras las operaciones el día en que firmó el decreto del 29 de junio de 2023, por lo cual habría cometido abandono del cargo al no informar al Parlamento sobre sus operaciones.

El médico señaló que Boluarte no puede haber firmado el texto oficial porque no la visitó nadie que llevara el decreto a la clínica para que lo suscribiese y denunció además que está siendo intimidado por la mandataria y su abogado para que calle y no siga desmintiendo las versiones de la paciente sobre el tema.

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