Los sentenciados son los miembros del Ejército Rafael Zabala, Javier José Dolores, Julio César Pujols y Rafael Contreras, quienes, según las pruebas, se valieron de su posición para facilitar el cruce de nacionales de Haití a través de la frontera norte que conecta las provincias de Dajabón y Montecristi.
También fueron penados a 10 años entre rejas varios civiles que fungían como cabecillas de la red delictiva. Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, afirmó que este fallo representa “una decisión histórica en el Caso Frontera”.
Bejarán calificó la medida como un avance significativo en la lucha contra redes criminales que operan en la zona fronteriza y puntualizó que cada sentencia es un paso firme en defensa de la soberanía nacional,
Entre los condenados a 10 años de prisión también se encuentra Edna Josep, de nacionalidad haitiana, por alojar y ocultar a migrantes irregulares en este país.
Asimismo, ocho personas involucradas en el transporte y la logística de movilización de los migrantes fueron sentenciadas a cinco años de prisión de libertad.
Esta red se dedicaba a financiar y transportar a haitianos en motocicletas y autobuses en complicidad con los cuatro militares, quienes facilitaban la entrada y salida irregular de indocumentados a cambio de beneficios económicos.
En los allanamientos realizados por las autoridades fueron identificados 24 inmigrantes, entre hombres, embarazadas, niños y adolescentes, quienes permanecían en los centros clandestinos utilizados por la estructura para luego ser transportados hacia las distintas provincias del país.
Los jueces a cargo del caso expresaron que los militares implicados cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.
En abril pasado el gobierno dominicano endureció su política contra la migración ilegal haitiana, a fin de garantizar la soberanía nacional ante la crisis en la vecina nación, que vive una espiral de violencia sin precedentes.
Anunció un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio para el fortalecimiento de las sanciones a los funcionarios gubernamentales que faciliten o participen en el ingreso de indocumentados, y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.
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