Mediante un comunicado, la cartera lamentó las acciones de bloqueo de carreteras tomadas por 54 comunidades del municipio Lívingston, las cuales calificó de fundadas en desinformación malintencionadas, al trascender que fueron aprobados en 2023.

El proceso de licenciamiento en este organismo se inicia con la solicitud que incluye una licencia ambiental aprobada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), acotó en el texto.

Al concluir una revisión interna, dicha solicitud es elevada a consulta a Pueblos Indígenas, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, amplió el MEM.

Reiteró que no existe una acción a operar, sino hasta que en el MARN concluya los resultados de sus análisis sobre las licencias ambientales, con base a la normativa correspondiente.

El lunes pasado vecinos de la aldea San Antonio Sejá comenzaron una protesta contra esos proyectos mineros y los siguientes dos días bloquearon el kilómetro 279,5 de la ruta CA-13, con importantes afectaciones.

Ese día las comunidades Q’eqchi, mestizas y garífunas de la zona esperaban recibir un informe de los ministerios implicados como se acordó en reunión del 23 de mayo último, pero las autoridades no llegaron.

El viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, arribó al departamento la víspera para dialogar con los manifestantes y se llegó a un consenso, según precisó el MARN.

La cartera se comprometió a informar a las comunidades sobre los resultados al finalizar el proceso administrativo el 30 de julio próximo.

No obstante, mientras se efectuaba la reunión y debido al ambiente tensión, se dio un enfrentamiento entre elementos antimotines y manifestantes, con saldo de una persona herida.

El Ministerio de Gobernación publicó un comunicado horas después del hecho, en el que afirmó que los agentes actuaron bajo un nuevo protocolo de intervención, mientras este jueves la situación en Izabal se encuentra en aparente calma.

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