En conferencia de prensa, el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, precisó que será esa instancia la que determinará las circunstancias reales de lo ocurrido.

Según el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, el fallecimiento tuvo lugar en el sector de Rambala hacia Almirante, específicamente en un punto de control donde se encontraban unidades de control de multitudes, y precisó que esos agentes no utilizan armas de fuego, lo que desmienten colectivos y comunidades originarias.

También indicó que se realizaron las labores de planimetría en el sitio y la fiscalía recolectó los elementos de convicción que permitirán establecer qué realmente ocurrió.

Este jueves se cumple el sexto día de la Operación Omega, desplegada por el Gobierno para despejar las vías cerradas hace más de un mes en el occidental territorio eminente turístico, pero importante productor de plátano.

La persona fallecida en medio de las manifestaciones ha generado preocupación ciudadana y el pronunciamiento de las autoridades.

Mientras diversos sectores indígenas mantienen el bloqueo de carreteras y critican además al Ejecutivo por el abandono de sus comunidades .

El reclamo de los manifestantes además de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones y la Caja de Seguro Social (CSS), también es contra un acuerdo suscrito por el Gobierno con Estados Unidos, que lesiona la soberanía nacional.

Las organizaciones populares indican que la norma sobre las pensiones permite la privatización de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales que consideran generará jubilaciones de miseria.

En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-, mientras el Ejecutivo descarta el diálogo y la revisión de la ley.

Datos oficiales del 2024 evidencian que después de las comarcas, la provincia caribeña es la que presenta mayor pobreza multidimensional, problemas de hambre, falta de luz, escuelas que no funcionan y difícil acceso al agua potable.

En medio de ese panorama, la víspera trasladaron al centro penitenciario La Joya, en la capital, a Francisco Smith, dirigente sindical del sector bananero, uno de los protagonistas de la ola de descontento popular, pese a que se firmó una ley en la Asamblea nacional (parlamento) que otorgaba beneficios a sus trabajadores.

Esta medida, que pretendía apaciguar el descontento en la provincia, con el supuesto de que la mayoría de los cierres estaban en control de los bananeros, exacerbó los ánimos de los manifestantes.

Solo la ciudad de Changuinola se abrió, el resto de los bloqueos, sobre todo en los distritos de Chiriquí Grande y Almirante, la resistencia de las comunidades se extendió a otras áreas.

También los originarios de la etnia Ngäbe Bugle recordaron las intervenciones policiales de 2010 durante las protestas contra la “Ley Chorizo”, en las que hubo muertos, decenas de personas ciegas y lisiadas de por vida por disparos de perdigones, en su mayoría indígenas, y que todavía reclaman pensiones vitalicias. Entonces, el ministro de Seguridad es el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, precisaron.

De otra parte, se conoció que la víspera el Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al secretario de Defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Erasmo Cerrud.

Un comunicado de la cancillería precisó que este solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá, “por considerarse perseguido por razones políticas relativas al ejercicio de su actividad sindical, estando en peligro su vida, integridad física y libertad individual”. Managua pidió a las autoridades panameñas brindar las seguridades necesarias para la pronta salida y traslado humanitario de Cerrud hacia territorio nicaragüense.

Cerrud es el segundo dirigente del Suntracs que se refugia en una embajada. El pasado 21 de mayo, el líder de esta organización obrera, Saúl Méndez, pidió asilo en la embajada de Bolivia.

Otros dos dirigentes del Suntracs, Genaro López y Jaime Caballero, están detenidos también de manera preventiva, acusados por blanqueo de capitales en un juicio amañado que pretende destruir a esa organización que encabeza las protestas en el istmo, según han denunciado.

Varios organismos como la Organización Internacional del Trabajo y, más reciente , el Partido Revolucionario Democrático , formación política panameña, han exigido al Gobierno que cese la represión judicial y policial y la criminalización de las protestas.

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