Nuestra misión es preparar las condiciones para la formación de una Asamblea del Pueblo que represente a todos los sirios, que tenga poderes legislativos y establezca las bases legales para construir el nuevo Estado, afirmó el presidente del Comité, Mohammed Taha Al-Ahmad, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Parlamento en esta capital.

Agregó que los candidatos serán de dos categorías; la primera es la de personas cualificadas que constituirán el 70 por ciento de los miembros de la Asamblea, mientras la segunda es la de dignatarios y notables, que formarán el 30 por ciento.

Al-Ahmad añadió que se anunciará luego la fecha de apertura de las candidaturas para la Asamblea Popular, se establecerá un período de campaña y se determinará la fecha de las elecciones.

Tras la realización de los comicios, se anunciarán los resultados preliminares, tras lo cual los candidatos y votantes dispondrán de un plazo de tres días para presentar apelaciones, aclaró.

El presidente del Comité Supremo puntualizó que las elecciones estarán lejos de las divisiones sectarias y religiosas, y será una Asamblea que incluye a todos los sirios por igual.

El parlamento de esta nación árabe fue disuelto con la caída del gobierno de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, y hasta la actualidad el país no cuenta con una institución legislativa.

El sábado último, el presidente transicional sirio, Ahmad Al-Shara, promulgó un decreto que estipula la creación de un Comité Supremo para las Elecciones de la Asamblea del Pueblo, encomendada de poner los requisitos para elegir solo 100 del total de 150 diputados de la Asamblea.

El decreto define que los nuevos diputados serán “notables e intelectuales “y la cuota de cada provincia depende del número de sus habitantes, y en este sentido, Alepo tendrá 20 escaños, Ciudad de Damasco 11, Damasco-campo 10, Homs 9, además de ocho escaños de Hama. La orden también estipuló que un tercio de los miembros, 50 diputados, sería nombrado por el Presidente de la República.

La nueva institución legislativa funcionará en el país durante la fase transicional fijada en cinco años de acuerdo con la Declaración Constitucional.

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