El Gobierno de Kinshasa acusó a Kigali frente a esa instancia por agresión, saqueo y masacres en su territorio durante los últimos 30 años, y las primeras audiencias sobre el particular se realizaron el pasado mes de febrero en Arusha, Tanzania.

En la ocasión, el debate ante el Tribunal versó sobre la competencia del órgano para conocer del caso, y ambas partes presentaron alegatos y pruebas para favorecer su posición.

Los abogados ruandeses trabajaron para que la corte desestimara el caso, bajo el argumento de que su presentación a la instancia era prematura, pues no se habían agotado los procedimientos previstos por los organismos regionales e internacionales.

Añadieron que los argumentos de Kinshasa se basaban fundamentalmente en reportes de prensa, lo que socavaba su credibilidad; así como solicitaron la suspensión del proceso a la espera del veredicto del Tribunal de Justicia de la Comunidad de África Oriental (CAO) en otro caso entre ambos Estados.

Los abogados de la RDC, por su parte, argumentaron con pruebas de crímenes cometidos por Ruanda en territorio congoleño, incluidos los testimonios de activistas por los derechos humanos, y señalaron que el juicio del 26 de septiembre de 2024 ante el Tribunal de Justicia de la CAO se centró en disputas regionales específicas.

Kinshasa espera que la Cadhp haga responsable a Ruanda por décadas de agresión, saqueo sistemático de recursos naturales, violencia sexual y masacres sufridas por la población congoleña.

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