La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se mantiene en el puesto que intentó ocupar, al parecer por la fuerza, la extitular Patricia Benavides, avalada por una polémica decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que la repuso en el cargo pese a que fue destituida por graves cargos en mayo de 2024.

Benavides, por su parte, busca y recibe apoyo en el Parlamento, donde sectores derechistas, que suelen marcar el paso al Legislativo, apuntan a reorganizar el Ministerio Público, con aparentes fines de controlarlo.

Para la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, lo cierto es que la Fiscalía de la Nación es codiciada por ser «la única entidad que por diseño constitucional puede investigar a determinados funcionarios y ponerlos a disposición del Poder Judicial”.

Entre esos funcionarios mencionó a la presidenta Dina Boluarte que, dijo, tiene cinco denuncias en el Ministerio Público, a muchos congresistas y a la misma Benavides, señalada como parte de una organización criminal. La exfiscal fue suspendida y destituida por la JNJ, cuando esta tenía integrantes distintos a los actuales y el Parlamento intentó reiteradamente destituir a los anteriores.

Todos los mencionados, aseveró, tienen un objetivo común: «captar la Fiscalía para intervenir desde esa posición en las investigaciones del Ministerio Público, debilitarlas para romperlas y lograr impunidad” de las acusaciones que los afectan.

La congresista Flor Pablo, independiente y centrista, llamó a la ciudadanía a “estar alerta y defender con firmeza las instituciones democráticas ante las arremetidas autoritarias que provienen de distintos frentes, incluido el Congreso”.

También rechazan la arremetida contra el Ministerio Público y congresistas de izquierda que denunciaron a los miembros de la JNJ por su decisión de revertir la situación de Benavides, cesada por apartar a la fiscal que investigaba a su hermana Emma, indagada por haber dado libertad a un narcotraficante extranjero.

La comentarista conservadora Rosa María Palacios rechazó la iniciativa parlamentaria del partido de derecha extrema Renovación Popular de cesar a los fiscales supremos que cerraron files con la fiscal Espinoza y recordó que la exfiscal es investigada por tráfico de influencias y cohecho.

Para ese sector, apuntó, “es un asunto de vida o muerte, que va más allá de modificar el Código Penal semana a semana en el Congreso”, dijo, para debilitar la legislación contra la criminalidad.

De otro lado, la fiscal Espinoza se pronunció contra la intervención del primer ministro Eduardo Arana, quien, si bien dijo que el Gobierno no intervendrá en lo que llamó la crisis del Ministerio Público, declaró también preocupación por la situación y sugirió un diálogo con organismos oficiales o influenciados por el Congreso.

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