De ese total, 175 son mujeres y 231 varones, y el mayor número de los devueltos a partir de investigaciones sociales, evaluaciones de entorno y seguimiento permanente se dio en este departamento capital, Escuintla y Chimaltenango, detalló el oficial Diario de CentroAmérica.

De ellos, añadió, 200 estaban bajo el resguardo de hogares públicos administrados por la Secretaría de Bienestar Social y 206 en hogares privados autorizados por el Consejo Nacional de Adopciones.

La entidad explicó que la institucionalización es una medida temporal y excepcional, aplicada solo cuando no se identifica un familiar idóneo dispuesto a hacerse cargo del cuidado inmediato del menor.

La PGN en este país tiene varias funciones en relación con los niños, incluida la defensa de sus derechos, el rescate de aquellos en situaciones de riesgo, la presentación de denuncias penales en caso de violencia, entre otras.

Para restituir los derechos vulnerados de los menores, solicita medidas de protección ante juez competente, y como resultado, cuando corresponde, son separados de sus progenitores, quienes en el 75 por ciento de los casos son identificados como los principales agresores.

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, mientras se resuelve la situación legal, los traslada a hogares de protección y abrigo.

Las investigaciones sociales pueden identificar familiares (hermano, tíos, primos y abuelos) como recursos idóneos para que regresen a un hogar y, en ocasiones, si los progenitores muestran cambios evidentes y contundentes, son considerados también aptos.

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