Según la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se solicitó esta medida a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) por unos cinco días, lapso establecido para la suspensión de garantías constitucionales luego de actos vandálicos en instituciones públicas.

Para algunos medios informativos, como la revista de análisis político El periódico de Panamá, la orden dada a la directora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, y sus amenazas a quien no la cumpla, es abusiva e inconstitucional, pues atenta contra el derecho de información de todo ser humano, que ni siquiera se ejecuta en países en estado de guerra.

Por su parte, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) emitió un comunicado en el que estima que se viene la masacre, comparable con la de 2010 en la localidad de Changuinola, cuando el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, fungía como ministro de Seguridad.

“El Ejecutivo ensaya en Bocas del Toro lo que pretende hacer en todo el país, conculcando derechos fundamentales e incomunicando a La nación para mantener la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, motivo de huelgas y manifestaciones populares”, precisa ese mensaje.

De esa manera, agrega, se ensaya una brutal represión contra quienes también rechazan un acuerdo suscrito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares o la intención de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a que en 2023 la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que ordenó el cierre de sus operaciones y el fin de la minería metálica a cielo abierto.

Frenadeso alertó a iglesias, abogados y activistas de derechos humanos sobre la fragante violación de libertades elementales y el uso de la fuerza por el Ejecutivo.

La víspera, luego de una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció en conferencia de prensa que se decretaba estado de urgencia en Bocas del Toro.

Según Orillac, la medida responde a que en el noroccidental territorio, fronterizo con Costa Rica, la situación se salió de control y grupos delictivos vandalizaron oficinas de instituciones públicas, algo ajeno a las manifestaciones pacíficas.

Según la Constitución, este tipo de suspensión de garantías constitucionales está contemplada en el artículo 55 de la Carta Magna, en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación del orden.

La disposición permite limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos en el territorio afectado, como restricciones a la libertad de tránsito, mayor presencia y acción de fuerzas de seguridad, controles en el ingreso y salida de personas, así como detenciones sin orden judicial bajo ciertos parámetros legales.

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