Aunque las investigaciones aún continúan como parte de le operación Omega, iniciada el pasado 14 de junio con el fin de despejar cierres viales, el funcionario apuntó hacia algunos alcaldes como Fidel Santo, en la localidad de Changuinola, eje de los mayores daños y atracos a instituciones públicas, asociados a grupos delincuenciales y pandillas.

También en medio de la creciente tensión en el noroccidental territorio fronterizo con Costa Rica, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció la posibilidad de que existan intereses políticos detrás de las protestas que se han intensificado en la región, sin ofrecer más detalles.

Ábrego explicó además que debido a la falta de espacio en el centro penitenciario de Deborah, las personas que sean detenidas y tengan causas judiciales activas serán trasladadas inicialmente a la cárcel de David, en Chiriquí; y a la Mega Joya, en la ciudad capital.

Sobre la Operación Omega, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dijo a la prensa que esta marcó el inicio de una nueva fase de allanamientos selectivos en distintos barrios de Bocas del Toro, como parte de las acciones para restablecer el orden tras los hechos violentos.

Indicó que desde la declaración del estado de urgencia, el pasado viernes, se han aprehendido a 192 personas, de las cuales 40 fueron detenidas en las últimas 24 horas, incluyendo un menor de edad.

Montalvo afirmó que la intervención no está dirigida contra manifestantes, sino contra grupos delincuenciales, aunque colectivos como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) denuncian detenciones tras invadir domicilios de personas ajenas a las protestas contra una norma de pensiones.

La ministra Montalvo reiteró que el Ministerio de Seguridad seguirá abriendo caminos y manteniendo la seguridad, y exhortó a la población a respetar el toque de queda.

Sin embargo, Frenadeso en su comunicado denuncia que algunos de los abusos más graves están siendo cometidos contra personas que ni siquiera participaban en la protesta, o que ya se encontraban en sus casas y estaban completamente alejados de las manifestaciones.

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los arrestos y abusos, acompañados frecuentemente de descalificaciones racistas y políticas por parte de los responsables, sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por su raza, su participación en sindicatos, gremios de educadores, lugar donde habitan, opiniones políticas reales o presuntas, subraya el documento.

En ese sentido el colectivo hizo un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de la Cruz Roja a que intervengan para que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y se restablezcan la paz y las garantías constitucionales suspendidas como parte del estado de sitio imperante en Bocas del Toro.

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