El Consejo de Gabinete aprobó prorrogar esa medida, instalada el pasado viernes por igual lapso, que establece la restricción de garantías constitucionales, a propuesta del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, con el fin de restablecer la paz y el orden ante hechos vandálicos, según explicó a la prensa.

El decreto gubernamental también restableció los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de urgencia, antes también suspendido, acción criticada por abogados y expertos por violar tratados internacionales y la propia Carta Magna.

Este artículo 23 tiene como finalidad garantizar que un juez competente decida sobre la legalidad de la detención y, cuando corresponda, ordene la liberación inmediata de la persona aprehendida, gestión que comienza a incrementarse debido a arrestos arbitrarios, según los manifestantes contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

También se aprobó una resolución del Ejecutivo que permite aumentar de 10 a 40 millones de dólares la erogación de recursos para atender la recuperación económica del territorio noroccidental fronterizo con Costa Rica, eminente turístico y bananero.

Entre las restricciones que se mantienen está la suspensión de los servicios de internet y telefonía móvil en Bocas del Toro, lo que para varias agrupaciones como el sindicato de periodistas de Panamá es violatorio de tratados internacionales.

En un comunicado, ese colectivo señaló que de esta manera se obstaculiza el conocimiento ciudadano de situaciones sensibles como manifestaciones, protestas sociales y posibles abusos de autoridad.

LLama la atención, el traslado de decenas de apresados incomunicados, rapados y desnudos a otra provincia para legalizar su detención. En un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación, señala ese texto.

El apagón digital fue ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como parte de las acciones del Ejecutivo para contener las protestas que desde hace semanas se concentran en la provincia occidental.

Bocas del Toro ha sido epicentro de las movilizaciones sociales recientes. Las manifestaciones, convocadas por sindicatos, docentes, colectivos ciudadanos y sectores indígenas, se intensificaron en las últimas semanas en rechazo a reformas consideradas regresivas en materia de seguridad social.

Para el próximo viernes, integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida convocaron a una nueva marcha en esta capital hacia el Legislativo para presentar sus reclamos, entre los cuales también sobresale el rechazo a un acuerdo suscrito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares, que estiman lesivo a la soberanía nacional.

npg/ga