La semana pasada la jueza de Atención Permanente, Fátima Veloz, dispuso una garantía económica de 50 millones de pesos (unos 840 mil dólares), impedimento de salida del país y presentación periódica para los imputados Antonio y Maribel Espaillat.

La medida es cuestionada por la mayoría de los querellantes del caso, quienes reclaman justicia ante la tragedia nacional que provocó el colapso del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del 8 de abril pasado, con saldo de 236 fallecidos y 180 lesionados.

De acuerdo con Portes, la jueza debió abstenerse de participar del proceso por “conflicto de interés objetivo”, al exponer que mantiene vínculos familiares con directivos del sector empresarial vinculado al caso, lo que compromete su imparcialidad, agregó.

Portes estimó que la decisión judicial no guarda proporción con la gravedad del hecho y defendió que las víctimas merecen un mejor tratamiento por parte del sistema de justicia, publicó Acento.

El pasado día 19 el Ministerio Público informó que apelaría la decisión del tribunal dominicano que desestimó prisión preventiva para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario tras el colapso de la discoteca.

La información la dio a conocer el procurador adjunto Wilson Camacho, quien calificó como “una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Veloz.

Camacho sostuvo que los hermanos Espaillat pusieron “su interés económico por encima de la vida y seguridad de las personas que acudían regularmente a esa discoteca” y actuaron con negligencia pues estaban al tanto del deterioro de la instalación, según las pruebas presentadas.

En República Dominicana el homicidio involuntario se considera un delito menor, por lo que los hermanos Espaillat podrían permanecer tras rejas unos dos años de demostrarse su culpabilidad.

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