La caminata, escoltada por agentes policiales, concluyó en la plaza 5 de mayo, aledaña a las instalaciones de la Asamblea Nacional (parlamento), en una manifestación donde los colectivos presentaron varias demandas.
El secretario general de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, dijo a Prensa Latina que los gremios docentes, que iniciaron una huelga indefinida el pasado 23 de abril, se mantendrán en firmes las calles, una lucha respaldada por constructores, profesionales de la salud, indígenas y estudiantes, entre otros, hasta lograr una ley que permita justicia social.
También el secretario de organización del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, denunció que se desconoce el paradero de cuatro manifestantes detenidos en la occidental provincia Bocas del Toro, en medio del estado de urgencia decretado el pasado 20 de junio «por un Gobierno dictatorial y antidemocrático»,afirmó.
A su turno, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán , precisó que como parte de las acciones han recurrido a la solidaridad de organismos internacionales de derechos humanos y su intervención para detener abusos contra la población indefensa, como sucede en la localidad bocatoreña de Changuinola.
Estamos ante un Gobierno que no tiene la capacidad de brindar respuestas ni la voluntad de encontrar soluciones y solo arremete contra con medidas represivas y la imposición de leyes como la 462 de la Caja de Seguro Social o un memorando de entendimiento con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares.
Por su parte, Eduardo Gil, principal dirigente de Convergencia Sindical, aseveró que la administración de José Raúl Mulino se afianza en el autoritarismo, y su único aliado son las fuerzas represivas y una pequeña parte del sector empresarial, ante el cual el pueblo organizado no va a desistir de defender su dignidad.
Sobre la situación imperante en Panamá el Consejo Episcopal Latinoamericano señaló evidencias sobre abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, vejaciones, amenazas con armas, incursiones a viviendas con gases lacrimógenos, y ataques directos a personas que no participaban de las manifestaciones.
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