El sindicato de los maestros también planteó constituir una mesa de diálogo que involucre a la ADP, Minerd, Defensor del Pueblo, padres y amigos de la escuela, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otros sectores sociales.

Asimismo, sugirió implantar sanciones por el uso indebido de grabaciones o la instalación irregular de sistemas de videovigilancia.

La ADP dejó clara su posición en una nota de prensa, a propósito del tema debatido recientemente sobre la instalación de este tipo de cámaras en planteles escolares.

En este sentido, aseguró que no se opone a la adopción de medidas legitimas de seguridad, siempre que no vulneren el derecho a la intimidad, ni criminalicen al magisterio o a los estudiantes; se fundamenten en una regulación nacional y se consulte a la comunidad educativa.

Agregó que está a favor siempre que se utilice de forma preventiva y no como herramienta de control laboral, disciplinaria o punitivo contra los docentes.

«La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede imponerse de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa», apuntó.

Aseguró que está comprometida con la defensa de un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela.

En esa misma línea, consideró oportuno tomar en cuenta la jurisprudencia y las opiniones institucionales, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, que reconoció la necesidad de adoptar medidas tecnológicas para prevenir la inseguridad, pero con límites razonables.

Además, citó las posiciones expresadas por el Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, quienes manifestaron que cualquier política de videovigilancia en escuelas debe centrarse en la custodia del menor y no en el control disciplinario.

Reflexionó que su instalación debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal administrativo, al tiempo que la medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgo objetivo.

Por último, opinó que las grabaciones hay que protegerlas, sin acceso público ni uso para fines ajenos a la seguridad, y solo las autoridades competentes, a saber, dirección del centro, autoridad judicial o policial, Fiscalía y Minerd, podrán revisarlas.

oda/mpv