Ese tribunal solicitó además a las autoridades del sector un listado con los nombres de los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), subrayó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Según lo establecido en la ley, acotó, podrían imponer una multa individual de entre 100 quetzales (casi 13 dólares) y cuatro mil (cerca de 520 dólares).

Como parte del proceso, añadió, trasladó el expediente al Ministerio Público para que determine las acciones que correspondan por desobediencia a una orden judicial.

El juzgado antes dio 48 horas a quienes convocaron hace poco más de un mes a la manifestación por mejoras salariales, entre otras, a poner fin a la acción.

El titular de la PGN, Julio Saavedra, aseguró en conferencia de prensa que los “caprichos” de un “grupúsculo” ponen en juego la educación de la niñez en el país.

Esto es inaceptable en el sistema republicano y en un Estado de Derecho, consideró, mientras insistió en que las acciones del STEG son ilegales.

El presidente de la nación, Bernardo Arévalo, describió que al menos el 90 por ciento de los maestros de los establecimientos públicos están realizando sus labores con normalidad y continúan con el calendario escolar.

“Hay un grupúsculo” que “están en esta acción ilegal y que se niegan a dar clases”, remarcó el mandatario.

Aunque los manifestantes insisten en que continuarán hasta que sus demandas sean escuchadas, el viceministro Técnico de esa cartera, Francisco Cabera, compartió que hay cuatro mesas de diálogo instaladas.

Diferentes entidades y organizaciones sociales se pronunciaron aquí en contra de la medida de presión y recordaron que dicho gremio operó de “manera política y a favor de los gobiernos más corruptos”.

Exconstitucionalistas y juristas declararon que el sindicato de Joviel Acevedo reta al sistema de justicia, al afirmar este que solo mediante el uso de la fuerza serían desalojados de la capitalina Plaza Central.

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