Vídeos en las redes sociales que muestran allanamientos violentos de viviendas y detenciones arbitrarias de personas que no participaban en manifestaciones contra una ley del seguro, son apenas una muestra de los atropellos, según las denuncias.

Para despejar los cierres de vías y rescatar la economía, según las autoridades, el Ejecutivo decretó el pasado 20 de junio por cinco días la suspensión de garantías, incluidos los servicios de telefonía e internet; y luego lo extendió igual lapso hasta el mediodía de mañana lunes, medida cuestionada por organismos internacionales.

En el diario Bayano Digital, el investigador y docente Rogelio Mata comentó que el panorama actual recuerda los tiempos que antecedieron la agresión militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, signaos por el autoritarismo del régimen de Manuel Antonio Noriega.

Paradójicamente, asegura, quienes gobiernan en Panamá, incluido el presidente José Raúl Mulino, fueron militantes de primera línea durante el ocaso del régimen militar y respaldaron activamente la invasión presentándola al mundo como una “Causa Justa” liberadora.

Entonces, agrega el estudioso, despotricaron contra el gobierno de Noriega, creyendo —o queriendo hacer creer— que la intervención militar estadounidense restauraría la democracia.

Sin embargo, hoy, desde las más altas esferas del poder, reproducen prácticas autoritarias más sofisticadas que las que combatieron en aquel momento, en nombre de un supuesto orden institucional y el control del Estado, indicó Mata.

La situación en Bocas del Toro, bajo un extendido estado de urgencia, no es otra cosa que un estado de sitio encubierto. Tal como advirtió Transparencia Internacional – Capítulo de Panamá, la suspensión de derechos como el hábeas corpus, el acceso a la información, la supervisión judicial y la conectividad de toda una provincia son medidas absolutamente inconstitucionales y desproporcionadas, subraya ese informe.

El artículo 55 de la carta magna, precisa el académico, no otorga licencia para el silenciamiento absoluto de una población. pero, más grave es que esa represión ha sido focalizada —casi quirúrgicamente— contra los líderes obreros, dirigentes indígenas y representantes comunitarios que han canalizado el descontento popular frente a políticas extractivistas, privatizadoras y ajenas a los intereses de las comunidades.

A su juicio, lo que se busca no es simplemente restablecer el orden: es desarticular la organización social, sembrar miedo en los barrios y montañas, y criminalizar la conciencia colectiva.

La represión institucional actual no proviene de un régimen militar ni de una potencia extranjera. Proviene de panameños que ayer hablaban de libertad y justicia, y hoy replican métodos de silenciamiento, represión y desinformación contra su propio pueblo, subraya.

El pueblo de Bocas del Toro, como tantos otros a lo largo de la historia, exige respeto, dignidad y verdad. Panamá no necesita nuevos caudillos ni viejos métodos maquillados. Necesita líderes con ética, con memoria y con la valentía de escuchar, concluye el artículo.

Este fin de semana, trascendió, el Ejecutivo mantiene negociaciones con representantes de las últimas cinco comunidades que aún bloquean la carretera hacia la localidad Changuinola, con el objetivo de restablecer la normalidad en la provincia de Bocas del Toro y facilitar su recuperación económica.

Los voceros oficiales sostienen conversaciones con los líderes comunitarios de Pueblo Nuevo, Cañazas, Mali, El Guabo y Alto del Valle, del distrito Chiriquí Grande, zona clave para el tránsito hacia el corazón del territorio fronterizo con Costa Rica, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan el levantamiento definitivo de los cierres.

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