El cadáver de José Miguel Castro, exgerente general del municipio y, por tanto, brazo derecho de Villarán cuando ella ejerció el gobierno edilicio de Lima en los años 2011 al 2014, fue encontrado en el baño de su casa y el Ministerio Público investiga las causas del deceso.

Villarán y Castro fueron detenidos, tras descubrirse que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron ocultamente 11 millones de dólares para las campañas de Villarán en el referendo que buscaba revocar a la alcaldesa, en 2013, y posteriormente por su reelección, que no logró en 2014.

Ambos fueron liberados, ella en libertad condicional y él en detención domiciliaria, por haber sido aceptado como colaborador de la Fiscalía y, según trascendidos, su delación inculpó a Villarán como principal responsable de posible cohecho.

El abogado Julio Rodríguez consideró preocupante la muerte de Castro y dijo que su testimonio debe haber sido acompañado de pruebas que corroboren su declaración, por lo que tendrá validez contra Villarán en el juicio programado para septiembre próximo.

El fiscal José Pérez, acusador en el caso, relató que José Miguel Castro lo visitó en el Ministerio Público para indagar sobre su situación, ratificó la decisión de declarar contra la exalcaldesa y no expresó preocupaciones por su integridad.

Durante las investigaciones del tema, Villarán admitió plenamente los aportes electorales de las empresas brasileñas, pero aseguró que el dinero recibido, que administraba Castro, fue usado en su campaña y no en provecho propio.

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